Nexo Abogados y Zahir Asesores integran sus servicios.


Carlos López, Esther Sánchez, Juan Francisco Gomariz y Jose María Fernández.

Nexo Abogados, despacho especializado en el asesoramiento jurídico en el ámbito de las TIC`s, Bioderecho y Mercantil, y Zahir Asesores y AbogadosTributarios, despacho especializado en el asesoramiento fiscal de alto valor añadido, anuncian su integración con el objetivo de complementar sus especialidades y así prestar a sus clientes un servicio de asesoramiento jurídico- económico integral. Recientemente se había incorporado al equipo directivo de Zahir Asesores el fiscalista Carlos López Abellán, que durante los últimos 12 años ha desarrollado su carrera profesional en el departamento de DerechoTributario del despacho Garrigues.

INTERNACIONALIZACIÓN 
La nueva firma Nexo-Zahir pretende con esta integración crear sinergias que permitan mejorar el servicio a sus clientes ofreciéndoles un servicio multidisciplicar que cubra todas sus necesidades jurídico-tributarias, tanto en el asesoramiento en el ámbito nacional como internacional. En este sentido, uno de los objetivos principales de la firma es asesorar a sus clientes en los procesos de internacionalización que quieran llevar a cabo, donde un adecuado asesoramiento y planificación resultan fundamentales.
La sede del nuevo despacho está en Murcia, concretamente en la calle San Lorenzo 14, donde viene desarrollando su actividad Nexo Abogados desde el año 2008.

Artículo publicado en La verdad. 14-02-2013.
El ingeniero de telecomunicaciones  ante la prueba pericial.

El pasado 18 de mayo tuvo lugar una nueva edición del curso "El ingeniero de telecomunicaciones ante la prueba pericial" organizado por la Asociación e impartido por Nexo Abogados.

En esta nueva edición, los asistentes al mismo conocieron de primera mano como se ha de proceder en el desarrollo de una prueba pericial, tanto de forma teórica como de forma práctica. Los profesores simularon una supuesta prueba pericial donde los alumnos aplicaron los conocimientos adquiridos.

INFRAESTRUCTURAS RADIOELÉCTRICAS Y DECLARACIÓN DE RESPONSABLE.


INTRODUCCIÓN.
En el BOE de 27 de diciembre de 2012, con entrada en vigor el 28, se ha publicado la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios. Esta norma con determinados requisitos declara la inexigibilidad de autorización o licencia municipal previa para estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público.

En la presente comunicación pasamos a realizar una breve reseña del contenido de la misma:
   
I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
La referida Ley será de aplicación a las estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, a excepción de:

1. Aquellas que ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos.

2. Actividades desarrolladas que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.

II. EN CUANTO A LA NO EXIGENCIA DE LICENCIA.
Las estaciones o instalaciones radioeléctricas que cumplan lo referido en el apartado anterior no deberán obtener:

1. Licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad.
2. Licencia de obra, siempre y cuando por la configuración de la misma no le sea exigible proyecto de obra por poder ser definida conforme al artículo 2.2 a) de la Ley Ordenación de la Edificación como construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
3. Licencia de cambio de titularidad.

III. COMUNICACIÓN PREVIA SUSTITUTIVA.
Con carácter previo a la instalación y puesta en funcionamiento de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público que cumplan los requisitos para la no obligatoriedad de obtención de licencia si será necesario que se efectúe la declaración responsable o comunicación previa.

La referida declaración responsable o comunicación previa deberá contener una manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda.

En todo caso, al efectuar dicha declaración se deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo.
La presentación de la declaración responsable habilita al ejercicio de la actividad, sin perjuicio de que la administración, ya sean Ayuntamientos, Comunidades Autónomas o incluso el Estado con posterioridad pueda comprobar e inspeccionar la efectiva o real adecuación de la instalación a la normativa sectorial aplicable, dentro de sus competencias, y en caso contrario sancionar su incumplimiento.

IV. SOLICITUD DE LICENCIA EFECTUADA CON ANTERIORIDAD.
Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor la Ley 12/2012, que tengan por finalidad la obtención de las licencias o autorizaciones que fuesen precisas con arreglo a la normativa anterior, se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el momento de la presentación de la solicitud.
No obstante, se podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y optar por la aplicación de la nueva normativa en lo que ésta resulte de aplicación.

V. CONCLUSIONES.

1. Si nos encontramos ante estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público, dos requisitos:
- Que no ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados, computándose a tal efecto toda la superficie incluida dentro del vallado de la estación o instalación o, tratándose de instalaciones de nueva construcción, tengan impacto en espacios naturales protegidos.
- Que no tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público.

1.1. Previamente a la instalación de estaciones o instalaciones radioeléctricas utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público,  únicamente será necesario efectuar declaración responsable o comunicación previa, siempre y cuando:  
- Por la configuración de la misma no le sea exigible proyecto de obra por poder ser definida como construcciones de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta.
Si no se cumpliera este requisito, además habría que solicitar licencia de obra.

1.2. Previamente a la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles para el público, únicamente será necesario efectuar declaración responsable o comunicación previa:
- Si en instalación tuviera una superficie superior a 300 metros cuadrados y/o tuviese impacto en patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público, para la instalación de la misma habría que solicitar licencia de obra, y para la prestación del servicio, dependiendo de que en la Comunidad Autónoma en la que se pretenda instalar se exija o no, habría que solicitar licencia de actividad.


2. La prestación de la antedicha declaración responsable o comunicación previa habilita a partir de ese momento para el ejercicio material de la actividad.

3. Con posterioridad la Administración (Incluso a través de entidades privadas colaboradoras), podrá comprobar la adecuación de la instalación y actividad a la normativa, y podrá sancionar, cesar la actividad, ordenar la demolición, prohibir el inicio de un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un tiempo en caso de incumplimiento de la misma.


José María Fernández Soria, socio de Nexo Abogados, participa en el I Symposium sobre Bioética y Derecho Sanitario en el hospital Santa Lucia.


El Comité de Ética Asistencial del Área 2 de Salud y la 
Unidad de Formación Continuada de los hospitales Santa Lucía y Rosell organizaron, los días 27 y 28 de noviembre de 2012, el I Symposium de Derecho Sanitario y Bioética que reunió durante dos jornadas, a más de 150 profesionales relacionados con este campo. 
Como es habitual en los cursos que en años anteriores ha realizado el Comité de Ética Asistencial, el objetivo del programa es que los profesionales sanitarios y no sanitarios, así como a los alumnos de ciencias sociojurídico-sanitarias, aprendan, actualicen y reflexionen sobre aspectos bioéticos y de derecho sanitario para su aplicación en la práctica clínica. En el I Symposium de Derecho Sanitario y Bioética han participado expertos de distintos hospitales de la región de Murcia además de catedráticos de la Universidad de Murcia y otros especialistas.

El curso dedicó la primera jornada al tema del final de la vida a través de distintas ponencias, conferencias y mesas redondas sobre la donación de órganos o la toma de decisiones en momentos críticos. La segunda jornada abordó además de estos aspectos, los presupuestos sanitarios y su influencia en la calidad de la asistencia sanitaria a través de una mesa redonda. 

La importancia de los comités de ética Juan Martínez Moya, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de la Región de Murcia, resaltó en su comparecencia en la segunda de las jornadas, la relevancia que tiene contar con un órgano de estas características en estos ámbitos, incluído el de la Justicia “donde se debería crear uno”.


Atención al cliente y servicios de telecomunicaciones.

Esta tarde, en el marco de las V Jornadas sobre "Los consumidores frente al Comercio Electrónico y los Servicios de Telefonía" organizadas por la Concejalía de Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia (AITERM), y que se celebrarán en el Salón de actos del Museo Teatro Romano de Cartagena, el socio del despacho, Juan Francisco Gomariz, impartirá una de las ponencias bajo el título de "Atención al cliente y servicios de telecomunicaciones".

A continuación, Dña. Carmen Pastor Álvarez, Presidenta de la Junta Arbitral de Consumo en la Región de Murcia, hablará a los asistentes sobre "la Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios ante los servicios de telefonía", para finalizar con un debate.

Posteriormente, todos los presentes podrán disfrutar de una visita al Teatro Romano.

Más información en la web de AITERM.

Claves de lucha contra la morosidad de la Administración Pública. Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


Ofelia Berná Serna. Abogada de Nexo Abogados.

Desde que el pasado 7 de julio de 2010 entrara en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, contamos en nuestro país con un nuevo abanico de medidas de lucha contra la morosidad de la Administración Pública.

Con este paquete de medidas, pudiera entenderse que la pretensión era la de dotar a los proveedores de la Administración Pública de una herramienta ágil contra los impagos de la Administración, que tan nocivos efectos ha desplegado sobre la pequeña y mediana empresa en nuestro país.

Somos, obviamente, conscientes de los actuales problemas que gran número de empresas y autónomos están experimentando para cobrar sus créditos frente a la Administración a pesar de los planes de pago de la Administración Central. Reflejamos no obstante en estas líneas el tenor de la Ley, constatamos su incumplimiento generalizado y proponemos alternativas de actuación si se opta por la vía judicial para la reclamación.

Constituye el principal logro de esta Ley, las modificaciones introducidas en la normativa reguladora de los contratos con el sector público, y en particular las referidas a los actuales Art. 216 y 217 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público –en adelante TRLCSP-, de los que destacaremos los siguientes puntos de interés:

De su ámbito de aplicación. La entrada en vigor de esta Ley 15/2010 se produjo el 7 de julio de 2010, por lo que en principio –según establece su Disposición Transitoria Primera- las modificaciones introducidas por la misma sólo serían aplicables a contratos celebrados con posterioridad a esta fecha.

Sin embargo, algunos Juzgados y Tribunales han admitido su aplicación a contratos celebrados con anterioridad, por lo que habría que estar al caso concreto.

Reducción de los plazos de pago de las Administraciones.

Es en este punto en el que la Ley 15/2010 introdujo una de sus mayores reformas, reduciendo los plazos de pago, establecidos en el Art. 216 TRLCSP, a un máximo de 30 días, sin posibilidades de pactar la ampliación de estos plazos.

Sin embargo, conscientes de las dificultades que supondría la implantación de estos plazos, se estableció un calendario transitorio de adaptación en virtud del cual, actualmente, el plazo máximo conferido legalmente a la Administración para el pago a sus acreedores sería de 40 días tras la expedición de la certificación de las obras o documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato (albaranes, hojas de servicio, etc.)

Si la Administración se demorase en el pago, deberá abonar al contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, pudiendo reclamarse todo ello a través del procedimiento creado por la Ley 15/2010 que pasamos a detallar a continuación.

DEL “PROCEDIMIENTO MONITORIO ADMINISTRATIVO” PARA LA RECLAMACIÓN DE LAS DEUDAS DEL SECTOR PÚBLICO.

Procedimiento monitorio administrativo”, así es como se ha dado en denominar, al procedimiento introducido por la Ley 15/2010 para la reclamación de las deudas de la Administración Pública y que ha tenido su reflejo en el Art. 217 TRLCSP.

La modificación introducida en este sentido, constituye uno de los mayores logros en la protección de los acreedores del Sector Público, desde el momento en que establece un procedimiento rápido y eficaz con el que hacer efectivas las deudas de la Administración, disipando las dudas que había generado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la posibilidad o no de acudir a los tribunales en ejercicio de la acción por inactividad de la Administración Pública.

A partir de la entrada en vigor de esta reforma, si la Administración no cumpliera con los plazos de pago concedidos por el Art. 216 TRLCSP, sus acreedores podrán instar por escrito el cumplimiento de estas obligaciones de pago y si transcurrido un mes desde este requerimiento la Administración no hubiera contestado, se entenderá el vencimiento del plazo de pago y se podrá acudir directamente a los Juzgados de los Contencioso Administrativo contra la inactividad de la Administración.

Posibilidad de solicitar el pago de las cantidades reclamadas como medida cautelar en el procedimiento judicial.

Pero la verdadera importancia práctica de la reforma introducida por la Ley 15/2010, no sólo radica en el establecimiento de un procedimiento rápido y eficaz, sino en la introducción de la posibilidad de que el acreedor pueda solicitar el pago como medida cautelar positiva, desde el inicio mismo del procedimiento judicial.

Por tanto, desde el mismo momento en que el acreedor inicie la vía judicial, podrá pedir al Juez que exija a la Administración el pago inmediato, y el órgano judicial deberá adoptar esta medida, salvo que la Administración acredite que la deuda está pagada o que la cuantía reclamada no es la exigible.

De la condena en costas a la Administración Pública.

 
Por último, otra novedad importante en relación con este “procedimiento monitorio administrativo” es la fijación como criterio general de la condena a la Administración de las costas causadas por el procedimiento judicial que como consecuencia del impago de la Administración ha debido iniciarse y tramitarse.

Nuevo curso en Murcia: Especialista en Gestión de la Insolvencia Empresarial y del Proceso Concursal

En Nexo Abogados tenemos el orgullo de anunciar que participamos, en calidad de co-organizadores junto con la prestigiosa consultora BAL Partners, en el que pretende ser el Curso de referencia en la Región de Murcia en materia de Gestión de la Insolvencia Empresarial y del Proceso Concursal, a celebrar a partir del mes de abril de 2012 en la Escuela de Negocios de Murcia (ENAE) y en el que colaboran las más prestigiosas entidades relacionadas con la administración concursal así como prestigiosos ponentes y profesores en estas materias.


En este sentido, en las propias comunicaciones realizadas hasta el momento por ENAE, se recoge en relación a este Curso de Especialista en Gestión de la Insolvencia Empresarial y del Proceso Concursal, que:

"este programa, pionero en Murcia, permite a los profesionales conocer mediante un enfoque práctico, todas las cuestiones legales y financieras, así como la casuística, de lo que es un proceso de insolvencia, así como las posibles actuaciones desde el momento en que se detecta, para no tener que tomar medidas drásticas como solicitar un concurso de acreedores. Al mismo tiempo se analizará detalladamente todos los elementos a considerar en la gestión de todo el proceso concursal, si fuera necesario finalmente acudir al mismo.


Este programa está dirigido a Asesores fiscales, laborales, jurídicos y contables que deseen tener los conocimientos para asesorar a sus clientes, así como a directivos de empresa que necesiten herramientas para enfrentarse a situaciones de insolvencia.

De la mano de un excelente profesorado, compuesto por los magistrados mercantiles de Murcia, así como profesionales expertos en la materia, incluidos administradores concursales de gran experiencia, aprenderán a afrontar las crisis con las mejores garantías de éxito.

Además, este curso les habilitará para cumplir con las horas requeridas de formación, que establece la nueva Ley Concursal, para el desempeño del cargo de Administrador Concursal."

Ya se encuentra abierto el periodo de inscripción por lo que animamos a todos aquellos interesados a que recaben toda la información que deseen y a que formalicen su matrícula para la que podrán contar, además, con bonificación a través de la Fundación Tripartita.

Aspectos Legales en la Transmisión de Empresas

El pasado 13 de marzo, Andrés Romero, Socio de Nexo Abogados, participó como ponente en una de las charlas impartidas dentro de las Jornadas sobre Transmisión de Empresas celebradas en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia (CEEIM) y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO).

En dichas Jornadas, impartidas por INFORGES Consultores, ZAHIR Asesores Tributarios y Nexo Abogados, se trataron aspectos propios de un proceso de transmisión empresarial, tales como valoración, negociación, supuestos, aspectos legales y también aspectos fiscales a tener en cuenta.

Dejamos a continuación la parte impartida por Nexo Abogados, relativa a los aspectos legales del proceso de transmisión:

Delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de telefonía móvil.

Alejandra Galbán Farnós. Abogada de Nexo Abogados.
Comenzamos destacando que ya la Constitución Española, aprobada en el año 1978, fue clara al establecer, que la competencia en materia de Telecomunicaciones, y por tanto la regulación de la telefonía móvil, correspondía de forma exclusiva al Estado (artículo 149.1.21ª).

Si bien, y a pesar de ello, las Comunidades Autónomas, en ejercicio de materias cuya regulación sí les eran propias, tales como ordenación del territorio y protección del medio ambiente, en ocasiones, han caído en la tentación de pretender legislar ciertas cuestiones relativas a la telefonía móvil. 

Así, por ejemplo la Comunidad de Castilla – La Mancha, en la Ley para la Ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha, incluyó normas relativas a la exigencia de mejoras tecnológicas para reducir los niveles de emisión, que realmente eran cuestiones, que como ahora analizaremos, se encontraban atribuidas de forma exclusiva al Estado. 

Pues bien, la antedicha situación ha sido zanjada recientemente por el Tribunal Constitucional. 

En este punto, hemos de resaltar que la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 18 de enero de 2012 (B.O.E. nº 36 de 11 de febrero de 2012),http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=10295, al resolver un Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, 8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha, antes mencionada, ha declarado inconstitucionales los artículos 7 y 19.2 de la referida norma autonómica. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia destacada ha establecido de forma tajante que las Comunidades Autónomas no pueden modificar los niveles de emisión regulados por la legislación sectorial estatal, ni pueden imponer a las operadores de telefonía móvil la obligación de incorporar nuevas tecnologías para lograr una minimización de las emisiones. 

En este sentido, en el Fundamento Jurídico 6º de la antedicha Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 18 de enero de 2012 (B.O.E. nº 36 de 11 de febrero de 2012) ha quedado establecido lo que a continuación trascribimos:

“ Constatado el carácter básico de la regulación estatal de los niveles tolerables de emisión, es preciso concluir que las Comunidades Autónomas no pueden alterar esos estándares, ni imponer a los operadores una obligación de incorporar nuevas tecnologías para lograr una minimización de las emisiones, no sólo porque ello resulte contrario a las bases establecidas por el Estado en materia sanitaria, sino también porque de esa forma se vulnerarían, en último término, las competencias legítimas del Estado en materia de telecomunicaciones.” 

Por tanto, la existencia de la Sentencia que hemos analizado brevemente, deberá servir para otorgar mayor seguridad jurídica, ya que las Comunidades Autónomas al ser conocedoras de las limitaciones impuestas por el propio Tribunal Constitucional, no deberán volver a efectuar regulaciones referidas a la imposición de incorporación de nuevas tecnologías a las operadoras de telefonía móvil para lograr la minimización de las emisiones radioeléctricas, so pena de incurrir en vicio de inconstitucionalidad.

Hacia un uso más eficiente del espectro radioeléctrico




Juan Fco. Gomariz Hernández. Abogado. Socio de Nexo Abogados.
Una de las principales novedades legislativas producidas en el año 2011 en el sector de las telecomunicaciones, ha sido sin duda el RealDecreto 458/2011, de 1 de abril [PDF], sobre actuaciones en materia de espectro ra­dioeléctrico para el desarrollo de la sociedad digital, y por ello queremos destacar aquí los apartados del mismo que consideramos más significativos.

Este Real Decreto 458/2011 que viene a desarrollar lo dispuesto en los artículos 47, 48 y 51 de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible cumple con la obligación de armonización de la regulación europea en la materia transponiendo la Directiva 2009/114/CE.

Cuando todavía este Real Decreto era un proyecto, ya se anunciaba por parte de la Administración que lo que se pretendía era permitir un uso más eficiente y en régimen de mayor competencia del espectro, facilitando un acceso menos rígido a los operadores a las bandas de frecuencias disponibles que pudieran considerarse, en principio, más atractivas tanto para el operador como para el usuario en busca del total desarrollo del potencial de los servicios relacionados con los terminales inteligentes que incluso están por llegar, además de promover la inversión en redes de acceso inalámbrico que no sólo favorezcan todo lo anterior sino también una reducción de la denominada “brecha digital”, todo ello bajo la premisa básica de la neutralidad tanto en servicios como en la tecnología utilizada para prestar los mismos.

Las principales medidas en las que se ha traducido tanta buena intención son básicamente, en primer lugar, la tan solicitada por los operadores implicados “reasignación” (refarming), de las bandas de 900 MHz y 1800 MHz, para que los operadores a los que habían sido asignadas las mismas (Vodafone, Movistar y France Telecom), puedan utilizar cualquier tipo de tecnología en la prestación de sus servicios a través de dichas bandas, teniendo entre otras contrapartidas la “liberación” de determinadas bandas que tenían asignadas dichos operadores.

En segundo lugar, poner a disposición de todos los operadores mediante la fórmula del concurso-subasta el acceso a las bandas de frecuencias de 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz y 2,6 GHz. Del total de 310 MHz licitados hasta el momento, quedaron sin adjudicar 60 MHz con causa principalmente en las limitaciones que a la disponibilidad de espectro por un mismo operador han sido impuestas en el Real Decreto. Estos 60 MHz van a ser licitados en este mes de noviembre una vez que se han ampliado dichas limitaciones.

En tercer lugar,  se amplía el mercado secundario del espectro, permitiendo la transferencia del título habilitante o cesión de derechos de uso en las bandas de frecuencias de 800 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 2.100 MHz, 2,6 GHz y 3,5 GHz. Resaltar que se establece un límite con el que se dice pretender evitar la especulación, ya que no cabrá la transferencia o cesión hasta transcurridos dos años desde la concesión del título habilitante (art. 9 R. D. 458/2011).

Por último, resaltar que con el objetivo de evitar lo que el Real Decreto denomina “falseamiento de la competencia”, en relación con la banda de 900 MHz se impone (art. 4.6), a los operadores que dispongan de bloques de frecuencias con un ancho de banda total igual o superior a 10 MHz pareados en dicha banda, la prestación de un servicio mayorista para que “los operadores que carezcan de frecuencias suficientes o que carezcan totalmente de frecuencias en la banda de 900 MHz puedan prestar dichos servicios de comunicaciones móviles a sus usuarios finales”.

NOTA: Este artículo de Juan Fco. Gomariz apareció publicado en la pasada edición de la revista editada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de la Región de Murcia con motivo de la celebración de la XI Noche de las Telecomunicaciones. [ENLACE A LA REVISTA en pdf]

Del “desahucio express” y otras novedades de la Ley de Medidas de Agilización Procesal

Eloy Cánovas

Eloy Cánovas Baños. Abogado de Nexo Abogados. Recientemente ha entrado en vigor la nueva Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal con el claro objetivo de proteger el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los Tribunales dentro de un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías reconocidas en nuestra Constitución.

De hecho, es desde la Constitución donde se impone a los poderes públicos, y especialmente al Gobierno, la obligación de suministrar todos los medios necesarios para que el derecho a la tutela judicial se garantice a todos los ciudadanos de manera tangible y cierta, aspirando a una Justicia más rápida y efectiva.

La nueva Ley surge en un periodo en el que los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad, síntoma evidente de la democratización de nuestra sociedad y dato indicativo de la confianza, cada vez mayor, que los ciudadanos depositamos en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver nuestros conflictos y pretensiones. No obstante, ese aumento de la litigiosidad encierra un evidente peligro como es el que se produzca a su vez una mayor dilación en los procesos y trámites procesales debido al aumento de carga de trabajo.

En consecuencia, el objetivo de la Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal.

Estas medidas, de distinto signo, están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, en el orden penal, y otras a optimizar los procedimientos, suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, así como a limitar el uso abusivo de instancias judiciales.

En el ámbito civil, operan desde la entrada en vigor del nuevo texto legal modificaciones efectuadas en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, donde se han suprimido trámites procesales innecesarios o se han sustituido por otros más breves, limitándose incluso el uso abusivo de instancias judiciales, tal y como se determina en el apartado III de la nueva Ley de medidas de agilización procesal.

En este sentido, destacan por su incidencia en la población y por su numerosa casuística en el tráfico jurídico las modificaciones efectuadas en los procesos de desahucio donde se incorporan algunas novedades procesales que exponemos a continuación, de modo muy resumido dado el largo alcance de su regulación:

1. El nuevo Procedimiento de Desahucio. El llamado “Desahucio Express”

En este ámbito, la nueva Ley intenta mejorar la situación actual de los arrendamientos otorgando mayores garantías tanto arrendador como arrendatario, fomentando la pronta resolución de las posibles controversias e incluyendo medidas de agilización procesal entre las que podemos encontrar las siguientes:

Queda modificado el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por cuanto se refiere a la posibilidad del pago enervador del desahucio. La anterior regulación señalaba que este pago enervador se podía efectuar por el arrendatario demandado en cualquier momento previo a la celebración de la vista. Sin embargo, la novedad ahora radica en que para efectuar la enervación el arrendatario debe ser requerido preliminarmente por el Juzgado.

Este requerimiento previo del Juzgado, lejos de dilatar el proceso en contra de lo que a priori pudiera parecer, garantiza la tutela judicial efectiva para el arrendatario al prestarle una oportunidad expresa donde se le ofrecen, entre otras, la posibilidad de enervar el desahucio con el pago de todas las rentas vencidas hasta la fecha del requerimiento. De esta forma se garantiza así que esta facultad de enervar la acción de desahucio ha llegado fehacientemente al conocimiento del arrendatario.

Al mismo tiempo, debemos advertir que este requerimiento judicial supone una contundente garantía para el arrendador, ya que con él se refuerzan las posibilidades de que el actor vea colmadas sus legítimas pretensiones toda vez que, con la nueva regulación, el Secretario Judicial requiere al demandado-arrendatario, para que en el plazo de 10 días, no sólo tenga la posibilidad de enervar, sino también para que en el caso de no hacerlo desaloje en ese plazo el inmueble o para que comparezca formulando sucintamente oposición si a su Derecho conviene.

En dicho requerimiento también se expresará, en su caso, la posible condonación de la deuda conforme al art. 437.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el consiguiente allanamiento con los efectos del art. 21, habiéndose suprimido el plazo de 5 días que en este caso tenía el demandado para manifestar si aceptaba la citada condonación.

La nueva Ley reforma también el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al traslado de la demanda y la citación para la vista. En la nueva regulación ahora se incluyen las demandas en las que se ejercite el desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas acumulando la pretensión de condena al pago de las mismas. Y lo que anteriormente constituía la citación para la vista ahora es un único requerimiento que se efectuará conforme al artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el que se expresará el señalamiento para la eventual vista así como para, en su caso, la práctica del lanzamiento.

En este sentido, se establece de modo contundenteque si el demandado no paga o no comparece para oponerse, el Secretario Judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

Para el supuesto en el que el arrendatario demandado desaloje el inmueble sin oposición pero sin pagar la cantidad reclamada, también se dictará decreto por el Secretario Judicial dando por terminado el procedimiento respecto del desahucio, y dando traslado al demandante para solicitar la ejecución.

Se añade un apartado 4 al artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al cual, para los supuestos de celebración de vista, se apercibe al demandado en el inicial requerimiento que de no comparecer a la vista se declarará el desahucio sin más trámites, quedando citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista.

En la propia resolución de admisión se fijará día y hora para el lanzamiento, que deberá verificarse antes de un mes desde la fecha señalada para la vista, y si la sentencia condenatoria no es recurrida, se procederá al lanzamiento en dicha fecha sin notificación posterior.

Como conclusión, podemos afirmar que esta nueva regulación del desahucio supone a todas luces una evidente extensión del sistema del procedimiento monitorio al área civil de los arrendamientos, permitiendo la rápida obtención de un título ejecutivo para los juicios de desahucio por impago de rentas o cantidades debidas.

2. Otras novedades importantes.

No podemos dejar de hacer mención a que la nueva Ley, al margen de las novedades incluidas respecto a los procesos de desahucio, también incorpora importantes reformas en cuanto al ámbito del juicio verbal, en las medidas cautelares, en el procedimiento monitorio, en materia de costas, en el sistema de recursos y en las ejecuciones

En el orden contencioso-administrativo, destacar de forma muy resumida que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, reformando determinados preceptos referentes a la prueba con la intención de reducir trámites y otorgar de mayor agilidad a esta fase del procedimiento.

En el orden penal, destacar que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882, resaltandoque respecto de la imputación de una persona jurídica, la citación de la misma se llevará a cabo en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la sociedad para que proceda a la designación de un representante, así como de Abogado y Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la designación de oficio, y tomando declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su Abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización.

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, sobre modificación de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Breve análisis sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.


Ofelia Berná Serna.
Ofelia Berná Serna. Abogada de Nexo Abogados. Tras seis meses de vacatio legis, el pasado 23 de diciembre de 2010 entró en vigor en España, la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modificaba nuestro Código Penal, y con ella hizo su aparición, en el panorama jurídico penal español, la figura de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que supuso la derogación del consagrado principio “socitas delinquere non potest” (la sociedad no puede delinquir) mantenido por nuestra legislación hasta el momento.

Y aunque esta ampliación del concepto de personas penalmente responsables no es la única modificación que con efectos en el sector mercantil ha introducido la Ley Orgánica 5/2010, sí constituye por su novedad y repercusión práctica una de las más relevantes, junto a la tipificación del cohecho entre particulares, al que previsiblemente dedicaremos otro artículo en posteriores entregas de este newsletter.

A modo de introducción, debemos señalar que tal como manifiesta la propia Exposición de Motivos de la LO 5/2010, esta modificación no responde al capricho del legislador nacional, sino que eran numerosos los instrumentos internacionales que demandaban una respuesta penal clara para las personas jurídicas, sobre todo en relación aquellas figuras delictivas donde la posible intervención de las mismas se hacía más evidente.

Es por ello, que conforme veremos a continuación, la mayoría de los supuestos en que expresamente se prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se circunscriben al ámbito de los delitos de contenido económico (corrupción en el sector privado, transacciones comerciales internaciones, blanqueo de capitales, etc.). Aunque no con carácter exclusivo, pues también se les imputa responsabilidad en otros delitos (pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos, inmigración ilegal), en los que a pesar de darse protección a otros bienes jurídicos, el fin seguiría siendo la salvaguarda de los intereses generales.

DELITOS EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS PERSONAS JURÍDICAS.

Entrando ya en materia, comenzaremos señalando, en primer lugar, que las personas jurídicas únicamente podrán ser responsables penales en los supuestos expresamente previstos por el Código Penal y que resumimos a continuación: trata de seres humanos; prostitución y corrupción de menores; descubrimiento y revelación de secretos; estafa, incluidas las procesales; insolvencias punibles; daños; recepción y blanqueo de capitales; contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social; contra los derechos de los ciudadanos extranjeros; sobre la ordenación del territorio; contra los recursos naturales y del medio ambiente; relativos a las radiaciones ionizantes; de riesgo por explosivos y otros agentes; cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas; falsificación de tarjetas de crédito, débito y cheques de viaje, cohecho; tráfico de influencias; corrupción en transacciones comerciales internacionales; organizaciones y grupos criminales; terrorismo.

REQUISITOS PARA LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL

Lo primero que convendría poner de manifiesto en este punto es que la responsabilidad penal de las personas jurídicas es autónoma e independiente de la responsabilidad penal en la que puedan incurrir las personas físicas que los cometan, es decir, por los hechos delictivos que pueda cometer un Administrador de una sociedad podrá ser condenado tanto el Administrador en concreto, como la sociedad a la que representa.

Y es precisamente por este carácter autónomo e independiente que podría incurrirse en responsabilidad penal por la sociedad, incluso si no llegase a individualizarse al sujeto persona física infractor o si por cualquier causa no pudiera dirigirse contra ella el procedimiento.

Dicho lo anterior, por lo que a la imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas se refiere, el Código Penal ha optado por establecer una doble vía, para lo cual ha creado el artículo 31 bis C.P. Estas dos vías de imputación serían:


. Por un lado, la imputación directa a la sociedad de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y su provecho, por las personas que ostentan su representación legal y/o por sus administradores de hecho, de derecho y apoderados.
Del mismo modo, también se imputarán a la sociedad por vía indirecta, los delitos que en el ámbito de su actividad social, sean cometidos en su nombre y provecho por el personal sometido a la autoridad de quienes ostenten su representación legal, propiciados por no haber ejercido sobre ellos el “debido control” atendidas las circunstancias del caso.

A ellas es común, que el delito se cometa en nombre o por cuenta de las persona jurídica y sobre todo que el acto delictivo redunde en su provecho, pudiendo cometerse tanto por quienes ostenten la representación de la persona jurídica, como por aquellos que dependiendo de los anteriores hayan visto propiciados sus actos por la falta del control debido atendidas las circunstancias concretas del caso, lo que deja a nuestro entender mucho margen a la hora de considerar si se habían adoptado o no los debidos controles y por tanto un gran margen de maniobra a jueces y fiscales para la consideración de la existencia o no de delito.

VÍAS PARA EVITAR Y/O ATENUAR LA RESPONSABILIDAD PENAL DE UNA SOCIEDAD.

En este sentido, aunque la corta andadura de esta modificación no nos permite establecer unas pautas concretas cuyo seguimiento permita evitar a cualquier sociedad las implicaciones delictivas provocadas por la actividad de sus representantes o empleados, sí podemos afirmar con carácter general que éste efecto se lograría con la implantación de protocolos de actuación que permitan hacer valer a la mercantil en cuestión sus principios éticos y atajar posibles conductas ilícitas de sus representantes y/o empleados, es decir, con la implantación de lo que en derecho anglosajón se denomina “corporate compliance” o planes de prevención.

Pero la regulación en este punto va más allá, pues el mencionado anteriormente Art. 31 bis C.P. establece una serie de conductas posteriores a la comisión del delito, a las que otorga el carácter de atenuantes y que a grandes rasgos son:


1.- La confesión de la infracción a las autoridades.
2.- Colaboración mediante aportación de pruebas nuevas y decisivas.
3.- Reparación del daño o indemnización.
4.- Haber establecido sistemas de autorregulación y protocolos de actuación del juicio oral.


CONSECUENCIAS DE LA APRECIACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA.

Las penas establecidas para las personas jurídicas (Art. 33.7 C.P.) tendrán todas, la consideración de graves y pueden ser:


1.- Multa por cuotas o proporcional.
2.- Disolución de la persona jurídica.
3.- Suspensión de sus actividades.
4.- Clausura de sus locales y establecimientos.
5.- Prohibición de realización de actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
6.- Inhabilitación para obtener beneficios de organismos públicos.
7.- Intervención judicial de la administración de la persona jurídica.


Por último, queremos hacer notar que la responsabilidad penal conlleva la responsabilidad civil y ésta no se extinguiría por la transformación, fusión, absorción de la persona jurídica, que se trasladaría a la nueva sociedad, si bien en estos casos podría ser moderada por el Juez. Del mismo modo, la responsabilidad civil tampoco se extinguiría por la disolución encubierta o aparente de la sociedad.

En definitiva, con este nuevo régimen de responsabilidad penal, podría afirmarse que se persigue:


1. Obligar a los órganos directivos empresariales, a adoptar una gestión más ordenada y a preocuparse por la prevención de hechos delictivos, es decir, a adoptar la teoría de la organización, según el cual, el medio más efectivo para controlar una organización es hacer responsable de lo que en ella ocurra al decisor más poderoso. Principio de corresponsabilidad y participación
2. Un control más eficiente, dado que la responsabilidad colectiva hace más eficaz la individual.

Sobre la web de la empresa, el reparto de dividendos y otras modificaciones de carácter práctico de la Ley de Sociedades de Capital.


Algunas de las modificaciones introducidas suponen un claro avance en la equiparación de algunos aspectos formales entre las Sociedades Anónimas y las de Responsabilidad Limitada. Son importantes avances hacia un código único de sociedades mercantiles. No obstante, no se pretende con estas líneas ahondar en aquellas modificaciones que, si bien son de especial interés para los profesionales, quizá su lectura no seduzca tanto al empresario, socio o accionista de una empresa de capital. Además, una magnífica explicación de cuales son esas novedades, la encontramos en la propia Exposición de Motivos de la propia Ley 25/2011, que más arriba se enlaza para mentes más inquietas.

Sin embargo, tras la detenida lectura de los cambios introducidos, hay algunos de ellos que resultan especialmente curiosos y que sí pueden ser interesantes para los socios de estas sociedades de capital. Se trata, en particular y entre otros, de:

1.-  La regulación societaria de la página web corporativa. La sede electrónica.

Si bien las modificaciones incluidas en esta Ley 25/2011 nos parecen en general un avance positivo en la medida en que se eliminan trámites innecesarios y se unifican determinados criterios respecto a sociedades anónimas y limitadas, también pensamos que en determinados aspectos no es conveniente un exceso regulatorio.

En tal sentido, creemos que con la necesidad de contar con acuerdo de junta general para la creación de una página web corporativa, tal y como recoge el nuevo artículo 11.bis de la Ley de Sociedades de Capital (cuando entre en vigor el próximo 2 de octubre de 2011) se están poniendo "puertas al campo" y se está dotando de demasiado control a las facultades del administrador para crear una página web.


Así pues, tengamos en cuenta que a partir de la entrada en vigor de estas modificaciones, la creación de una página web corporativa requerirá de acuerdo de la Junta General de la Sociedad.

Sí nos parece más acertado la obligación de inscribir el cambio de dirección de la web o bien de informar a los socios de cuál es esa nueva  dirección (en principio los administradores podrán trasladarla sin necesidad de acuerdo de junta) ya que las convocatorias de junta pueden llevarse a cabo a través de la web de la empresa por lo que para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de información de los socios es necesario que éstos conozcan la dirección de la web.


2.-  La eliminación del requisito de la legitimación de firmas en la certificación del acuerdo de aprobación de las Cuentas Anuales.


Se trata éste de una modificación que será bienvenida, a buen seguro, por los administradores sociales de las sociedades que año tras año acuden al Notario, D.N.I. en mano, para la legitimación (aunque la Ley habla de legalización) de su firma como paso previo al depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

De este modo, además de agilizar el trámite en cuestión, se reduce el gasto que tiene para la sociedad todos los años la necesaria y conveniente presentación de las Cuentas Anuales para su depósito en el Registro Mercantil.

Ojo: de todos modos hay que tener en cuenta que se trata de una mención en el Preámbulo de la propia Ley, en el que literalmente dice que "en materia de cuentas anuales, dos medidas vienen a reducir el coste de su depósito, facilitando el grado de cumplimiento de esta obligación. Por un lado, la eliminación del  requisito reglamentario de que la firma de los administradores tenga que ser objeto de  legalización. Y, por otro lado, la supresión de la publicación en el «Boletín Oficial del  Registro Mercantil» del anuncio de las sociedades que hubieran cumplido con esa obligación de depósito..." Por lo tanto, todavía deberemos esperar a la modificación del Reglamento del Registro Mercantil y su entrada en vigor para la plena aplicación de esta medida, aunque es cierto que todo apunta a que efectivamente se suprimirá este requisito reglamentario.


3.-  La regulación del derecho al reparto de dividendos.

Por último, se introduce un nuevo artículo 348 bis con una modificación de gran calado desde nuestro punto de vista. Se trata de la facultad -reconocida ahora legalmente- para aquel socio que hubiera votado a favor de la distribución de beneficios de separarse de la sociedad (con todo lo que ello implica de cobrar el importe de sus acciones o participaciones en los términos previstos legal y estatutariamente) en el caso de que a partir del quinto ejercicio desde la inscripción en el Registro de Mercantil de la sociedad, la Junta General no acordara la distribución de, al menos, "un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles". Entrecomillamos dada la importancia del matiz: no se trata de cualquier ejercicio ni generado en cualquier momento. En cualquier caso se trata de una importante novedad que trata de evitar los abusos de mayoría en aquellas sociedades en que sistemáticamente se vota en contra del reparto de dividendos cuando, existiendo beneficios un socio minoritario es privado de su derecho a la obtención de dichos dividendos.

Lo expuesto no se trata más que de un apunte de las modificaciones introducidas ya que, de ellas se pueden desprender otras muchas interpretaciones y análisis. Sirva no obstante, a modo informativo.

Entrevista en el diario La Opinión de Murcia a José Mª Fernández Soria.

Foto de GLORIA NICOLÁS
El pasado 15 de agosto fue publicada, en el diario La Opinión de Murcia, una entrevista realizada al socio del despacho, José María Fernández Soria, realizada con motivo de la aprobación por el Gobierno del Proyecto de Ley que regula los derechos de la persona en el proceso final de la vida, Proyecto de Ley que finalmente no verá la luz dado que es imposible su tramitación parlamentaria antes de la disolución de las Cortes con motivo de las Elecciones Generales del próximo 20 de noviembre.

En cualquier caso, ya en el pasado Newsletter, Josá María escribía sus impresiones acerca del contenido de este Proyecto de Ley que se viene llamando "de muerte digna". No en vano, Nexo Abogados es despacho pionero en Murcia en los aspectos jurídicos relacionados con la bioética y derecho biosanitario en general, y José María es miembro de diversos comités de bioética y de la Asociación Española de Juristas de la Salud, habiendo impartido diversas clases y ponencias sobre el tema, habiéndose convertido, además, en moderador habitual de diversas mesas redondas sobre la bioética y el bioderecho.

A continuación trascribimos literalmente la entrevista realizada por Helena Martínez, publicada en La Opinión y dejamos este enlace a la misma en su versión digital:


"El pasado mes de junio se aprobó el Proyecto de Ley que regula los derechos de la persona en el proceso final de la vida. Esta ley pretende aclarar la situación de los pacientes en fase terminal y las obligaciones del personal sanitario. Conocida ya como la ley de la muerte digna, reconoce el derecho de los pacientes a decidir sobre su tratamiento e incluso a renunciar a él, aunque ello suponga acelerar su muerte. 


El paciente tiene derecho a la sedación y a estar acompañado en la fase final. En caso de contradicción entre su voluntad y la de su representante, siempre prevalecerá la del enfermo. El debate está servido.



Este proyecto de ley está siendo alabado por los profesionales sanitarios, pero también criticado por otros sectores del gobierno y la Iglesia.


Sí, el personal sanitario venía pidiendo algo así desde hace mucho tiempo. Es lógico que los sectores más conservadores tengan quejas por algunos puntos como el de permitir la sedación de los pacientes.


Precisamente el artículo 11 regula el derecho del paciente a la sedación, ¿podrían darse casos de eutanasia encubierta?


En los centros sanitarios públicos y privados con los que contamos no, pero puede haber un problema con centros que se dediquen a la mercantilización con este tema. Es posible que alguien que sitúa su listón ético mucho más abajo encuentre un nicho de mercado en el tema de la sedación y veamos clínicas destinadas a ayudar a morir, cosa que sigue siendo ilegal. Pero, quien malentienda esta ley la verá como una eutanasia encubierta.


¿Puede convertirse esta ley en una antesala a la regulación de la eutanasia?


No, creo que no. La ministra y el texto han dejado claro que la eutanasia se sigue quedando fuera. Las prácticas sanitarias para evitar el dolor en la etapa final de la vida ya se hacen, nadie ha sido obligado a morir con dolor hasta ahora y eso es de lo que habla esta ley.


¿Qué novedades introduce esta ley respecto a la anterior?


No son tantas, el 90% de lo que dice ya estaba regulado. Esta ley es una regulación de lo que ya se viene haciendo, aliviar el dolor al paciente terminal. Simplemente se le ha dado rango de ley básica a cosas que ya suceden y eso es valiente. Es una ley bienintencionada, pretende dar seguridad al personal sanitario.


¿Es este proyecto de ley un seguro legal para el personal sanitario?


Sí, es un respaldo para el profesional que actúa siguiendo la voluntad del paciente, aunque siempre lo haga guiado por los criterios profesionales y éticos.


Esta ley no propone ningún tipo de objeción al que se pueda acoger el personal sanitario...


No, porque la objeción de conciencia no es un derecho constitucional, aunque siempre se ha dado y se seguirá dando. Cualquier médico puede recurrir a su Comité Ético cuando tiene dudas o no es partidario de hacer algunas cosas. De todas formas, se entiende que no es necesario porque no cambia la manera de actuar del profesional.


¿En qué se verá beneficiado el enfermo en fase terminal?


No hay muchas novedades para los enfermos, son sobre todo para el personal sanitario.


El paciente tiene derecho a decidir sobre su tratamiento e incluso a suspenderlo, aunque eso le acelere la muerte y su voluntad prevalece sobre la de sus familiares, ¿Está la voluntad del paciente por encima de todo?


Sí, pero no en la muerte, decide sólo en el proceso asistencial. tiene derecho a decidir sobre el proceso en el que se le trata la enfermedad, pero no en cuestiones relativas a provocar o acelerar su muerte, eso sigue siendo ilegal.


Como experto en Derecho Sanitario, ¿haría cambios en la ley?


Sí, pediría la participación en su redacción final de los profesionales médicos y de enfermería de cuidados paliativos e intensivos. Con la participación del personal sanitario se podría regular mejor el punto sobre el derecho a la sedación.


¿No tiene nada que objetar?


Lo único que me preocupa sobre esta ley es la mercantilización que se pueda dar. Hay que tener mucho cuidado con que nadie utilice el derecho a la sedación para hacer negocio."