Comentarios al Proyecto de Ley Reguladora de los Dchos. de la Persona ante el Proceso Final de la Vida. (por José Mª Fernández Soria)


El pasado 10 de junio de 2011, fue aprobado por el Consejo de Gobierno para su remisión a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de la Persona ante el Proceso Final de la Vida. Una Ley que ya se conoce como coloquialmente como “Ley sobre la Muerte Digna”.

Sin entrar a valorar el texto desde un punto de vista ético o moral, ya que este análisis corresponderá a cada ciudadano según sus principios y valores, podemos destacar objetivamente, y a modo de resumen, los siguientes puntos del Proyecto de Ley presentado a las Cortes:

1º.- Según su propia exposición de motivos, esta ley pretenderá regular determinados derechos de las personas que se encuentran la fase final de su vida, partiendo de la salvaguarda de la autonomía de la voluntad de los pacientes, y con el claro propósito de propiciar el mayor alivio posible de su sufrimiento físico, psíquico y moral. Regulará los derechos de los pacientes ante un final de vida “próximo e irreversible, eventualmente doloroso y potencialmente lesivo de la dignidad de quien lo padece, para, en la medida de lo posible, aliviarlo, en su transcurrir, con respeto a la autonomía, integridad física e intimidad personal de la persona”.

2º.- El Proyecto de Ley descarta en su exposición de motivos que se trate de otorgar al paciente un derecho a lo que tradicionalmente se conoce como “eutanasia”, ni de despenalizar o alterar la tipificación penal de esta figura delictiva.

3º.- La ley se aplicará tanto en el ámbito asistencial público como en el privado.

4º.- Se reconocen a estos pacientes en fase terminal derechos tales como:

  • La protección de su dignidad, y el derecho a decidir libremente y con plena autonomía sobre el tratamiento a recibir, incluidos los cuidados paliativos.
  • Derecho a ser informado.
  • Derecho a rechazar toda intervención o tratamiento que le fueran propuestos por los profesionales sanitarios, incluso a pedir la retirada o interrupción de los que le estén suministrando, aunque ello pueda suponer la aceleración de su proceso irreversible de muerte.
  • Derecho a otorgar instrucciones previas, coloquialmente conocidas como “testamento vital”.
  • Derecho a recibir cuidados paliativos y a la sedación. Textualmente se define como el derecho a recibir la atención idónea integral que prevenga y alivie el dolor y sus manifestaciones, lo que incluye, además del tratamiento analgésico específico, la sedación”. Cuidados paliativos que tendrá derecho a recibir en su propio domicilio.
  • Correlativamente a este derecho, en la disposición adicional cuarta del Proyecto de Ley se insta al Gobierno, en el plazo de un año desde su entrada en vigor, a promover “las medidas normativas precisas en relación a la prescripción y dispensación de medicamentos que contengan sustancias estupefacientes específicas para el tratamiento de pacientes en situación terminal o de agonía, con el objeto de simplificar dicho procedimiento y hacer más accesible el tratamiento a estos pacientes”.
  • Derecho a estar acompañado en esa fase final por su entorno familiar, afectivo o social.
  • Derecho a la intimidad personal y familiar.

5º.- Ante esta serie de derechos la ley también regula como deberá ser la actuación de los profesionales sanitarios que presten asistencia a estos pacientes en fase terminal o de agonía. Destaco entre estas actuaciones las siguientes:

  • Los profesionales sanitarios garantizará la información asistencial a estos pacientes o a sus representantes.
  • "Los profesionales sanitarios estarán obligados a respetar la voluntad y las convicciones y creencias manifestadas por el paciente".
  • En caso de contradicción entre la voluntad del paciente y la de su representante, prevalecerá siempre la voluntad del paciente.
  • "El cumplimiento de la voluntad del paciente, conforme con el ordenamiento jurídico y manifestada en la forma prevista en esta ley, excluirá cualquier exigencia de responsabilidad por las correspondientes actuaciones de los profesionales sanitarios". Luego, el médico deberá respetar la voluntad del paciente, sea ésta cual sea, esos sí, siempre que ésta voluntad respete lo establecido en el ordenamiento jurídico.
  • El personal sanitario adecuará el esfuerzo terapéutico de modo proporcional a la situación del paciente, evitando la adopción o mantenimiento de intervenciones de soporte vital carentes de utilidad clínica, en atención a la cantidad y calidad de vida futura del paciente, y siempre sin menoscabo de aquellas actuaciones sanitarias que garanticen su debido cuidado y bienestar.

El Proyecto de Ley incluye un apartado de obligaciones de la administración sanitaria, que se circunscriben básicamente al mandato legal de instrumentar procesos que garanticen la salvaguarda y el correcto ejercicio de los derechos de estos pacientes en el proceso final de su vida (registros de instrucciones previas, iniciativas de formación, comités de ética asistencial, etc).

Una vez aprobada, tendrá la condición de Ley Básica, de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución.

Con la remisión a las Cortes de este Proyecto de Ley, se abre ahora un interesante -y esperemos que ordenado y constructivo- debate en el Parlamento, en aras a alcanzar el necesario consenso para la aprobación definitiva del texto legal, si es que finalmente se produce. Paralelamente a la deliberación parlamentaria, y dado lo sensible de la materia, el debate sobre esta Ley se trasladará sin duda alguna a la sociedad, y a los medios de comunicación.

No sería bueno que en el debate público, ni por supuesto en la deliberación parlamentaria, primasen o se esgrimiesen solamente posturas extremas o radicales –en uno u otro sentido-, sino que, como en toda discusión en la que se confrontan valores relevantes en torno a la vida humana (aborto, manipulación de embriones, dignidad en la muerte, etc.), la sociedad española deberá mostrar de una vez por todas su madurez, escuchar al “otro”, y predisponerse a tratar de encontrar ese consenso.

Debemos encontrar ese mínimo de conformidad que sin duda sería o debería ser aceptado por todos, ya que una ley que regule estos procesos paliativos es absolutamente imprescindible para la tranquilidad y seguridad de los profesionales sanitarios que a diario tratan a estos pacientes en la fase final de su vida. Profesionales de cuidados intensivos y paliativos, cuya opinión debería ser la más escuchada por los que ahora deben decidir el texto definitivo en sede parlamentaria, dejando de un lado posiciones extremas y de confrontación con el otro.

Estaremos expectantes a ver cómo queda finalmente este Proyecto de Ley tras el debate parlamentario.

José María Fernández Soria.

Socio de NEXO ABOGADOS.

Abogado, experto en Derecho Sanitario y Bioética.

Miembro del Comité de Ética del Instituto Nacional de Enfermedades Raras del Carlos III de Madrid.

Miembro del Comité de Ética del Área II de Salud de la CA de Murcia, con sede en el Hospital El Rosell de Cartagena.