Ley 16/2009, de Servicios de Pago: consejos prácticos para las empresas. (por Alejandra Galbán)


La Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago, en vigor desde el día 4 de diciembre de 2009, introdujo determinadas novedades en relación a los medios de pago habituales en el tráfico mercantil.

Si bien la norma y sus novedades introducidas entró en vigor hace meses, es cierto que son numerosas las consultas que nos trasladan nuestros cliente habida cuenta que se han introducido cambios significativos que obligan a las empresas a revisar, modificar y adecuar sus políticas y estrategias de gestión de cobros a la nueva legislación para protegerse de posibles prácticas que se excedan a los límites expuestos en la Ley.

La aplicación de la referida Ley afecta a todos los pagos en euros o en las monedas nacionales de los estados miembros, sin límite de importe, que se realicen dentro del espacio de la UE.

La ley se aplica a los siguientes servicios de pago:


  • Transferencias, incluidas las órdenes permanentes.
  • Adeudos domiciliados, incluidos los no recurrentes.
  • Operaciones con tarjetas de débito o de crédito.
  • Ingresos y retiradas de efectivo en cuenta.


Los aspectos específicos que consideramos más importantes a efectos prácticos, sin perjuicio de otros asuntos tratados en la propia norma, son:


A) Desde el punto del vista del ordenante (deudor o pagador), conviene saber que:


Para solicitar la devolución de una operación de pago autorizada se cuenta con un plazo máximo de 8 semanas desde la fecha del cargo en cuenta, sólo si al autorizar la operación no se indicó el importe del cargo y además dicho importe supera lo que razonablemente se podría esperar atendiendo a anteriores pautas de gasto.


Por ello, y con el fin de evitar cargos indebidos por este motivo, recomendamos que se indique un importe límite al autorizar operaciones recurrentes siempre que sea posible.


En caso de que se haya asentado en nuestra cuenta una operación de pago no autorizada, debe ser comunicado a la entidad financiera a la mayor brevedad posible, para que se proceda a gestionar de forma inmediata el reembolso del importe de la operación. En tal sentido se dispone de un plazo de 13 meses.


B) Desde el punto de vista del beneficiario (emisor o cedente), conviene saber que:


Se recomienda verificar que se dispone de la autorización del ordenante para las domiciliaciones que ceda para su cobro, ya que en el caso de que una operación no estuviera autorizada por el ordenante, éste podría devolverla hasta en 13 meses.


Cuando el ordenante niegue haber autorizado una operación de pago ya cobrada, corresponderá al beneficiario la carga de la prueba.


Por lo tanto, a tenor de la Ley que nos ocupa recomendamos:


  1. Contar con la debida autorización de todos los clientes con los que se opere mediante los servicios de pago antes mencionados (por supuesto para los nuevos clientes pero también para los ya en cartera). Esta autorización no caduca.
  2. Sería muy recomendable solicitar autorizaciones individuales para cada giro, ya que se garantizaría una excelente protección no sólo contra una devolución con el plazo de 13 meses, sino incluso contra las devoluciones cuyo plazo se fija en 8 semanas. Sin embargo, quizá esa solución no es muy operativa por motivos de complejidad de administración y fluidez de la relación comercial, por lo que al menos se deberá contar con una autorización genérica.
  3. Si el cliente para el que no se dispone de autorización se niega a facilitarla o demora su envío, nuestra recomendación sería la de intentar modificar la forma de pago por otras que ofrezcan menos incertidumbre.


En definitiva, y a modo de conclusión, entendemos que el riesgo de operar sin autorización y poder recibir una devolución debe ser evitado, por lo que, en la medida de lo posible, sería recomendable evitar modalidades de pago, de las incluidas en la Ley analizada, sin contar con la debida autorización del pagador.


Alejandra Galbán

Abogada de Nexo Abogados