Del “desahucio express” y otras novedades de la Ley de Medidas de Agilización Procesal

Eloy Cánovas

Eloy Cánovas Baños. Abogado de Nexo Abogados. Recientemente ha entrado en vigor la nueva Ley 37/2011 de Medidas de Agilización Procesal con el claro objetivo de proteger el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los Tribunales dentro de un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías reconocidas en nuestra Constitución.

De hecho, es desde la Constitución donde se impone a los poderes públicos, y especialmente al Gobierno, la obligación de suministrar todos los medios necesarios para que el derecho a la tutela judicial se garantice a todos los ciudadanos de manera tangible y cierta, aspirando a una Justicia más rápida y efectiva.

La nueva Ley surge en un periodo en el que los datos estadísticos más recientes sobre entrada de asuntos en nuestros tribunales acreditan que en los últimos tiempos se ha producido una subida exponencial de la litigiosidad, síntoma evidente de la democratización de nuestra sociedad y dato indicativo de la confianza, cada vez mayor, que los ciudadanos depositamos en nuestra Administración de Justicia como medio para resolver nuestros conflictos y pretensiones. No obstante, ese aumento de la litigiosidad encierra un evidente peligro como es el que se produzca a su vez una mayor dilación en los procesos y trámites procesales debido al aumento de carga de trabajo.

En consecuencia, el objetivo de la Ley es incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo que obedecen al propósito común de suministrar a nuestros tribunales instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal.

Estas medidas, de distinto signo, están encaminadas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, en el orden penal, y otras a optimizar los procedimientos, suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, así como a limitar el uso abusivo de instancias judiciales.

En el ámbito civil, operan desde la entrada en vigor del nuevo texto legal modificaciones efectuadas en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, donde se han suprimido trámites procesales innecesarios o se han sustituido por otros más breves, limitándose incluso el uso abusivo de instancias judiciales, tal y como se determina en el apartado III de la nueva Ley de medidas de agilización procesal.

En este sentido, destacan por su incidencia en la población y por su numerosa casuística en el tráfico jurídico las modificaciones efectuadas en los procesos de desahucio donde se incorporan algunas novedades procesales que exponemos a continuación, de modo muy resumido dado el largo alcance de su regulación:

1. El nuevo Procedimiento de Desahucio. El llamado “Desahucio Express”

En este ámbito, la nueva Ley intenta mejorar la situación actual de los arrendamientos otorgando mayores garantías tanto arrendador como arrendatario, fomentando la pronta resolución de las posibles controversias e incluyendo medidas de agilización procesal entre las que podemos encontrar las siguientes:

Queda modificado el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por cuanto se refiere a la posibilidad del pago enervador del desahucio. La anterior regulación señalaba que este pago enervador se podía efectuar por el arrendatario demandado en cualquier momento previo a la celebración de la vista. Sin embargo, la novedad ahora radica en que para efectuar la enervación el arrendatario debe ser requerido preliminarmente por el Juzgado.

Este requerimiento previo del Juzgado, lejos de dilatar el proceso en contra de lo que a priori pudiera parecer, garantiza la tutela judicial efectiva para el arrendatario al prestarle una oportunidad expresa donde se le ofrecen, entre otras, la posibilidad de enervar el desahucio con el pago de todas las rentas vencidas hasta la fecha del requerimiento. De esta forma se garantiza así que esta facultad de enervar la acción de desahucio ha llegado fehacientemente al conocimiento del arrendatario.

Al mismo tiempo, debemos advertir que este requerimiento judicial supone una contundente garantía para el arrendador, ya que con él se refuerzan las posibilidades de que el actor vea colmadas sus legítimas pretensiones toda vez que, con la nueva regulación, el Secretario Judicial requiere al demandado-arrendatario, para que en el plazo de 10 días, no sólo tenga la posibilidad de enervar, sino también para que en el caso de no hacerlo desaloje en ese plazo el inmueble o para que comparezca formulando sucintamente oposición si a su Derecho conviene.

En dicho requerimiento también se expresará, en su caso, la posible condonación de la deuda conforme al art. 437.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el consiguiente allanamiento con los efectos del art. 21, habiéndose suprimido el plazo de 5 días que en este caso tenía el demandado para manifestar si aceptaba la citada condonación.

La nueva Ley reforma también el artículo 440.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto al traslado de la demanda y la citación para la vista. En la nueva regulación ahora se incluyen las demandas en las que se ejercite el desahucio por falta de pago de rentas o cantidades debidas acumulando la pretensión de condena al pago de las mismas. Y lo que anteriormente constituía la citación para la vista ahora es un único requerimiento que se efectuará conforme al artículo 161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el que se expresará el señalamiento para la eventual vista así como para, en su caso, la práctica del lanzamiento.

En este sentido, se establece de modo contundenteque si el demandado no paga o no comparece para oponerse, el Secretario Judicial dictará decreto dando por terminado el juicio de desahucio y dando traslado al demandante para que inste el despacho de ejecución, bastando para ello con la mera solicitud.

Para el supuesto en el que el arrendatario demandado desaloje el inmueble sin oposición pero sin pagar la cantidad reclamada, también se dictará decreto por el Secretario Judicial dando por terminado el procedimiento respecto del desahucio, y dando traslado al demandante para solicitar la ejecución.

Se añade un apartado 4 al artículo 440 de la Ley de Enjuiciamiento Civil conforme al cual, para los supuestos de celebración de vista, se apercibe al demandado en el inicial requerimiento que de no comparecer a la vista se declarará el desahucio sin más trámites, quedando citado para recibir la notificación de la sentencia que se dicte el sexto día siguiente al señalado para la vista.

En la propia resolución de admisión se fijará día y hora para el lanzamiento, que deberá verificarse antes de un mes desde la fecha señalada para la vista, y si la sentencia condenatoria no es recurrida, se procederá al lanzamiento en dicha fecha sin notificación posterior.

Como conclusión, podemos afirmar que esta nueva regulación del desahucio supone a todas luces una evidente extensión del sistema del procedimiento monitorio al área civil de los arrendamientos, permitiendo la rápida obtención de un título ejecutivo para los juicios de desahucio por impago de rentas o cantidades debidas.

2. Otras novedades importantes.

No podemos dejar de hacer mención a que la nueva Ley, al margen de las novedades incluidas respecto a los procesos de desahucio, también incorpora importantes reformas en cuanto al ámbito del juicio verbal, en las medidas cautelares, en el procedimiento monitorio, en materia de costas, en el sistema de recursos y en las ejecuciones

En el orden contencioso-administrativo, destacar de forma muy resumida que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, reformando determinados preceptos referentes a la prueba con la intención de reducir trámites y otorgar de mayor agilidad a esta fase del procedimiento.

En el orden penal, destacar que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de septiembre de 1882, resaltandoque respecto de la imputación de una persona jurídica, la citación de la misma se llevará a cabo en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la sociedad para que proceda a la designación de un representante, así como de Abogado y Procurador para ese procedimiento, con la advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá a la designación de oficio, y tomando declaración al representante especialmente designado por ella, asistido de su Abogado. La declaración irá dirigida a la averiguación de los hechos y a la participación en ellos de la entidad imputada y de las demás personas que hubieran también podido intervenir en su realización.