Claves de lucha contra la morosidad de la Administración Pública. Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.


Ofelia Berná Serna. Abogada de Nexo Abogados.

Desde que el pasado 7 de julio de 2010 entrara en vigor la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, contamos en nuestro país con un nuevo abanico de medidas de lucha contra la morosidad de la Administración Pública.

Con este paquete de medidas, pudiera entenderse que la pretensión era la de dotar a los proveedores de la Administración Pública de una herramienta ágil contra los impagos de la Administración, que tan nocivos efectos ha desplegado sobre la pequeña y mediana empresa en nuestro país.

Somos, obviamente, conscientes de los actuales problemas que gran número de empresas y autónomos están experimentando para cobrar sus créditos frente a la Administración a pesar de los planes de pago de la Administración Central. Reflejamos no obstante en estas líneas el tenor de la Ley, constatamos su incumplimiento generalizado y proponemos alternativas de actuación si se opta por la vía judicial para la reclamación.

Constituye el principal logro de esta Ley, las modificaciones introducidas en la normativa reguladora de los contratos con el sector público, y en particular las referidas a los actuales Art. 216 y 217 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público –en adelante TRLCSP-, de los que destacaremos los siguientes puntos de interés:

De su ámbito de aplicación. La entrada en vigor de esta Ley 15/2010 se produjo el 7 de julio de 2010, por lo que en principio –según establece su Disposición Transitoria Primera- las modificaciones introducidas por la misma sólo serían aplicables a contratos celebrados con posterioridad a esta fecha.

Sin embargo, algunos Juzgados y Tribunales han admitido su aplicación a contratos celebrados con anterioridad, por lo que habría que estar al caso concreto.

Reducción de los plazos de pago de las Administraciones.

Es en este punto en el que la Ley 15/2010 introdujo una de sus mayores reformas, reduciendo los plazos de pago, establecidos en el Art. 216 TRLCSP, a un máximo de 30 días, sin posibilidades de pactar la ampliación de estos plazos.

Sin embargo, conscientes de las dificultades que supondría la implantación de estos plazos, se estableció un calendario transitorio de adaptación en virtud del cual, actualmente, el plazo máximo conferido legalmente a la Administración para el pago a sus acreedores sería de 40 días tras la expedición de la certificación de las obras o documentos que acrediten la realización total o parcial del contrato (albaranes, hojas de servicio, etc.)

Si la Administración se demorase en el pago, deberá abonar al contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro, pudiendo reclamarse todo ello a través del procedimiento creado por la Ley 15/2010 que pasamos a detallar a continuación.

DEL “PROCEDIMIENTO MONITORIO ADMINISTRATIVO” PARA LA RECLAMACIÓN DE LAS DEUDAS DEL SECTOR PÚBLICO.

Procedimiento monitorio administrativo”, así es como se ha dado en denominar, al procedimiento introducido por la Ley 15/2010 para la reclamación de las deudas de la Administración Pública y que ha tenido su reflejo en el Art. 217 TRLCSP.

La modificación introducida en este sentido, constituye uno de los mayores logros en la protección de los acreedores del Sector Público, desde el momento en que establece un procedimiento rápido y eficaz con el que hacer efectivas las deudas de la Administración, disipando las dudas que había generado la jurisprudencia del Tribunal Supremo en cuanto a la posibilidad o no de acudir a los tribunales en ejercicio de la acción por inactividad de la Administración Pública.

A partir de la entrada en vigor de esta reforma, si la Administración no cumpliera con los plazos de pago concedidos por el Art. 216 TRLCSP, sus acreedores podrán instar por escrito el cumplimiento de estas obligaciones de pago y si transcurrido un mes desde este requerimiento la Administración no hubiera contestado, se entenderá el vencimiento del plazo de pago y se podrá acudir directamente a los Juzgados de los Contencioso Administrativo contra la inactividad de la Administración.

Posibilidad de solicitar el pago de las cantidades reclamadas como medida cautelar en el procedimiento judicial.

Pero la verdadera importancia práctica de la reforma introducida por la Ley 15/2010, no sólo radica en el establecimiento de un procedimiento rápido y eficaz, sino en la introducción de la posibilidad de que el acreedor pueda solicitar el pago como medida cautelar positiva, desde el inicio mismo del procedimiento judicial.

Por tanto, desde el mismo momento en que el acreedor inicie la vía judicial, podrá pedir al Juez que exija a la Administración el pago inmediato, y el órgano judicial deberá adoptar esta medida, salvo que la Administración acredite que la deuda está pagada o que la cuantía reclamada no es la exigible.

De la condena en costas a la Administración Pública.

 
Por último, otra novedad importante en relación con este “procedimiento monitorio administrativo” es la fijación como criterio general de la condena a la Administración de las costas causadas por el procedimiento judicial que como consecuencia del impago de la Administración ha debido iniciarse y tramitarse.