Delimitación competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de telefonía móvil.

Alejandra Galbán Farnós. Abogada de Nexo Abogados.
Comenzamos destacando que ya la Constitución Española, aprobada en el año 1978, fue clara al establecer, que la competencia en materia de Telecomunicaciones, y por tanto la regulación de la telefonía móvil, correspondía de forma exclusiva al Estado (artículo 149.1.21ª).

Si bien, y a pesar de ello, las Comunidades Autónomas, en ejercicio de materias cuya regulación sí les eran propias, tales como ordenación del territorio y protección del medio ambiente, en ocasiones, han caído en la tentación de pretender legislar ciertas cuestiones relativas a la telefonía móvil. 

Así, por ejemplo la Comunidad de Castilla – La Mancha, en la Ley para la Ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha, incluyó normas relativas a la exigencia de mejoras tecnológicas para reducir los niveles de emisión, que realmente eran cuestiones, que como ahora analizaremos, se encontraban atribuidas de forma exclusiva al Estado. 

Pues bien, la antedicha situación ha sido zanjada recientemente por el Tribunal Constitucional. 

En este punto, hemos de resaltar que la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 18 de enero de 2012 (B.O.E. nº 36 de 11 de febrero de 2012),http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Sentencia.aspx?cod=10295, al resolver un Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, 8/2001, de 28 de junio, para la ordenación de las instalaciones de radiocomunicación en Castilla-La Mancha, antes mencionada, ha declarado inconstitucionales los artículos 7 y 19.2 de la referida norma autonómica. 

El Tribunal Constitucional en la sentencia destacada ha establecido de forma tajante que las Comunidades Autónomas no pueden modificar los niveles de emisión regulados por la legislación sectorial estatal, ni pueden imponer a las operadores de telefonía móvil la obligación de incorporar nuevas tecnologías para lograr una minimización de las emisiones. 

En este sentido, en el Fundamento Jurídico 6º de la antedicha Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 18 de enero de 2012 (B.O.E. nº 36 de 11 de febrero de 2012) ha quedado establecido lo que a continuación trascribimos:

“ Constatado el carácter básico de la regulación estatal de los niveles tolerables de emisión, es preciso concluir que las Comunidades Autónomas no pueden alterar esos estándares, ni imponer a los operadores una obligación de incorporar nuevas tecnologías para lograr una minimización de las emisiones, no sólo porque ello resulte contrario a las bases establecidas por el Estado en materia sanitaria, sino también porque de esa forma se vulnerarían, en último término, las competencias legítimas del Estado en materia de telecomunicaciones.” 

Por tanto, la existencia de la Sentencia que hemos analizado brevemente, deberá servir para otorgar mayor seguridad jurídica, ya que las Comunidades Autónomas al ser conocedoras de las limitaciones impuestas por el propio Tribunal Constitucional, no deberán volver a efectuar regulaciones referidas a la imposición de incorporación de nuevas tecnologías a las operadoras de telefonía móvil para lograr la minimización de las emisiones radioeléctricas, so pena de incurrir en vicio de inconstitucionalidad.